marzo 20, 2026

Defensa de Maduro y Cilia Flores solicita financiamiento legal ante tribunal de Nueva York

Por Redacción

Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly presentaron una declaración ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York solicitando financiamiento legal para la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores, bajo el argumento de que sus clientes carecen de recursos propios para costear su representación. La solicitud se realiza en el contexto de las acusaciones por narcotráfico que enfrentan ambos funcionarios venezolanos en Estados Unidos.

En la documentación presentada, la defensa afirma que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague a los abogados, lo cual consideran una interferencia con el derecho de Maduro y Flores a elegir su representación legal. Los abogados sostienen que esta restricción económica deja a sus clientes sin medios para financiar su defensa adecuadamente.

Nicolás Maduro y Cilia Flores, mediante una declaración jurada anexa a la solicitud, aseguran no tener capacidad para cubrir los honorarios de sus abogados y manifiestan su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal así lo requiere. Sin embargo, la investigación no detalla qué tipo de evidencias financieras podrían aportar ni especifica el monto total requerido para su defensa legal.

La postura del Gobierno de Venezuela sobre la intención de financiar la defensa no ha sido especificada en los documentos disponibles, al igual que no se menciona si la Fiscalía de Estados Unidos reconoce la validez de la solicitud de financiamiento externo o si considera que se trata únicamente de un alegato de la defensa. La falta de claridad sobre estos puntos mantiene la incertidumbre respecto a la viabilidad de la petición.

Maduro y Flores tienen programada una audiencia para el 26 de marzo de 2026 en el mismo tribunal. Su equipo legal busca que el caso sea desestimado alegando irregularidades legales, mientras navegan las complejidades de las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela desde 2015 y la posición de Washington de no reconocer a Maduro como presidente legítimo del país sudamericano.

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