Por Redacción
San Salvador, 20 de marzo de 2026.- El gobierno de El Salvador presentó una propuesta legislativa para imponer cadena perpetua a menores de edad que cometan asesinatos o violaciones, ampliando el alcance de la reforma constitucional aprobada el martes 17 de marzo que permitió penas de por vida para homicidas, violadores y terroristas adultos. La iniciativa, que deberá ser sometida a aprobación en los próximos días, marca un cambio drástico en la legislación penal del país, donde hasta ahora la condena máxima era de 60 años.
La medida fue anunciada en el contexto de la nueva doctrina de seguridad impulsada por la administración del presidente Nayib Bukele, quien ha liderado una ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado desde 2022. Aunque el contenido específico del proyecto de ley no ha sido detallado públicamente en su totalidad, la extensión de la pena perpetua a menores representa un endurecimiento significativo del sistema de justicia penal salvadoreño.
Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, y Francis Merino, ministro de Defensa, figuras clave en la estrategia anticrimen del ejecutivo, han sido involucrados en el anuncio de esta política. Sin embargo, las declaraciones públicas específicas de ambos funcionarios sobre los detalles técnicos de la propuesta para menores no han sido divulgadas en los reportes disponibles hasta este momento.
Esta propuesta llega apenas dos días después de que la Asamblea Legislativa aprobara la reforma constitucional que eliminó la prohibición explícita de la cadena perpetua en la Carta Magna del país. Antes de esta modificación, la Constitución salvadoreña impedía constitucionalmente la aplicación de penas de por vida, estableciendo un límite máximo de seis décadas de prisión.
La iniciativa genera un debate sobre los límites de la responsabilidad penal juvenil en el país centroamericano. A diferencia de la norma para adultos ya aprobada, la inclusión de menores requiere ahora un proceso legislativo separado que definirá aspectos críticos como la edad mínima aplicable y los criterios exactos para la imposición de la sanción máxima.
La administración de Bukele mantiene que las medidas extraordinarias son necesarias para erradicar la violencia que durante años afectó a El Salvador. Se espera que el debate legislativo sobre esta nueva propuesta se intensifique en la Asamblea en los próximos días, donde se discutirá la viabilidad jurídica y las implicaciones sociales de equiparar las penas de menores con las de adultos en los delitos más graves.
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