Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- La iniciativa del Plan B de reforma electoral, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, generó un intenso debate y reservas públicas entre partidos opositores y aliados, quienes cuestionaron la fecha de la revocación de mandato, los recortes presupuestales al Instituto Nacional Electoral (INE) y la posible afectación a la equidad en los próximos comicios. La discusión parlamentaria, que se desarrolló este miércoles, puso en evidencia las fisuras dentro de la coalición gobernante y las críticas de la oposición, que calificó la propuesta como una herramienta de influencia política para 2027.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, criticó que la iniciativa no aborda problemas de fondo como el financiamiento ilícito en campañas. “El Plan B no resuelve el dinero del narco en elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena”, señaló, advirtiendo además sobre lo que llamó una “farsa” en el mecanismo de revocación y “torpezas vulgares” como la eliminación de la paridad en algunos ayuntamientos. A pesar de ello, el PAN respaldó el recorte progresivo del 15% al presupuesto del INE en cuatro años.
Dentro del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, surgieron posturas divergentes. Benjamín Robles, dirigente nacional, anunció respaldo al Plan B pero con la reserva de que la revocación de mandato se realice en 2028 y no en 2027, para evitar riesgos a la equidad y que sea percibida como un instrumento gubernamental. En contraste, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que votará a favor sin condiciones, mientras otro legislador del partido, Alejandro González Yáñez, indicó que la bancada seguía evaluando.
El diputado Rubén Moreira alertó que la reforma busca influir en los comicios de 2027 y constituye un retroceso democrático al permitir la participación del Ejecutivo en campañas a través de la revocación. Por su parte, el INE defendió su autonomía presupuestal y sus altos salarios; los consejeros perciben actualmente 262 mil pesos brutos mensuales, cifra superior al sueldo de la presidenta, mientras que la propuesta del Plan B establece un tope de 134 mil pesos.
La iniciativa también modifica la integración de ayuntamientos, lo que afectaría a 56 municipios con reducción de regidurías y a 1,089 con aumento, según cifras discutidas. Los choques entre el INE y el poder Ejecutivo por presupuesto y salarios vienen desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, antecedente que enmarca el actual debate. La revocación de mandato ya se utilizó en 2022, siendo criticada por algunos sectores como un mecanismo de promoción política.
El debate queda abierto en el Senado, donde Morena y sus aliados buscarán los votos para aprobar la reforma, mientras la oposición y algunos socios de la coalición presionan por ajustes, particularmente en el calendario de la revocación y en la protección de la autonomía del órgano electoral.
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