Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional para permitir la cadena perpetua, rompiendo con una prohibición histórica en el país. La iniciativa, promovida por el gobierno del presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas, obtuvo 59 votos a favor y uno en contra en una sesión plenaria donde el oficialismo tiene una amplia mayoría. La medida, que aún requiere una segunda votación para su ratificación definitiva, se enmarca en la política de seguridad del gobierno y el estado de excepción vigente desde marzo de 2022.
La reforma fue presentada con el respaldo de 57 firmas de diputados, diez más de las requeridas para iniciar el proceso de modificación constitucional. Según los reportes, el trámite se realizó de manera expedita, sin que se llevara a cabo un estudio o debate público previo sobre la iniciativa, lo que refleja el control casi absoluto del partido oficialista en el órgano legislativo. La diputada oficialista Suecy Callejas y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, han sido voceros clave de la propuesta.
El contexto de la aprobación es la estrategia de “guerra contra las pandillas” implementada por Bukele, que ha mantenido un régimen de excepción por más de cuatro años, prorrogado continuamente por la Asamblea. Esta reforma representa un giro drástico en el sistema penal salvadoreño y ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que la consideran una medida regresiva. Sin embargo, cuenta con un amplio apoyo popular dentro del país, según sondeos citados por medios locales.
Para que la enmienda entre en vigor, debe ser ratificada en una próxima sesión plenaria, cuya fecha concreta no ha sido anunciada. De ser confirmada, El Salvador se uniría a un reducido grupo de países en la región que contemplan la prisión perpetua en sus legislaciones. La reforma forma parte de un paquete más amplio de cambios a leyes secundarias relacionadas con la seguridad, según indicó el presidente de la cámara, Ernesto Castro.
El único voto en contra provino de un legislador no identificado en las fuentes disponibles, mientras que, según el diario El País, dos diputados de la oposición también respaldaron la iniciativa. La medida ha generado un intenso debate sobre los límites del poder punitivo del Estado y el futuro de las garantías constitucionales en El Salvador, en un momento de consolidación del proyecto político de Bukele.
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