Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Un juzgado federal ordenó la reapertura de la investigación complementaria por tres meses contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de operar una organización criminal dedicada al huachicol fiscal desde la Agencia Nacional de Aduanas de México. La medida judicial se tomó tras determinar que la Fiscalía General de la República vulneró el derecho de defensa al negarse reiteradamente a facilitar el acceso completo al expediente de la causa penal 325/2025.
La jueza Mariana Vieyra Valdés, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, resolvió que el Ministerio Público federal incumplió con la entrega de información esencial para la defensa del imputado, quien permanece recluido en el penal del Altiplano. El caso se relaciona con el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas durante marzo de 2025, operación atribuida a la organización ‘Los Primos’.
La defensa legal de Farías Laguna, a cargo del despacho Epigmenio Mendieta, argumentó que la FGR mantuvo una actitud obstructiva al no compartir la totalidad de la carpeta de investigación, a pesar de existir un plazo previo de cinco días que también fue incumplido por la autoridad ministerial. Esta negativa impedía al acusado contar con elementos suficientes para preparar su defensa adecuadamente.
El exvicealmirante enfrenta cargos por su presunta participación al frente de una estructura delictiva que operaba desde la Aduana mexicana, dedicada al contrabando de combustibles mediante evasion fiscal. Su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, también implicado en el caso, se encuentra actualmente prófugo de la justicia.
El caso ha adquirido relevancia adicional luego de que el imputado enviara una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando violaciones procesales en su contra, aunque los detalles específicos de estas alegaciones no han sido divulgados públicamente. La reapertura investigativa busca subsanar las deficiencias procesales y garantizar el derecho a la defensa del imputado.
Este desarrollo judicial ocurre en un contexto de escrutinio hacia las operaciones de corrupción dentro de las instituciones gubernamentales mexicanas, particularmente en sectores estratégicos como el energético y aduanero. Los próximos tres meses determinarán si la FGR logra consolidar la acusación con evidencia suficiente o si las fallas procesales benefician la defensa del exalto mando naval.
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