Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Un juez federal absolvió a Javier ‘N’, el único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes ocurrido en febrero de 2019, luego de que la Fiscalía de Morelos no lograra presentar pruebas suficientes para acreditar su culpabilidad. El fallo judicial, emitido entre el 14 y 15 de marzo, representa un revés para la investigación de un crimen que conmocionó al país por la lucha del defensor nahua contra el Proyecto Integral Morelos. Paralelamente, autoridades judiciales en Chihuahua, Ciudad de México y Jalisco avanzaron en procesos por delincuencia organizada, portación de armas y robos.
El caso de Samir Flores, quien fue asesinado a tiros en Amilcingo, Morelos, había mantenido en vilo a organizaciones sociales que exigían justicia. Según reportes de medios nacionales, la investigación fiscal presentó deficiencias que llevaron al juez a determinar que las pruebas no alcanzaban el estándar necesario para una condena. El proceso judicial se extendió por más de cuatro años, aunque la audiencia de juicio oral habría durado poco más de un mes.
Mientras tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, un juez impuso prisión preventiva oficiosa a cinco personas –identificadas como José Isaac N, José Ramón N, José N, Luis N y Gonzalo N– por su presunta participación en delincuencia organizada con fines de tráfico de personas. El fallo judicial en este caso contrasta con la absolución en Morelos, mostrando la diversidad de resultados en el sistema penal mexicano.
En la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a cuatro ciudadanos colombianos de 52, 48, 43 y 24 años por el robo de 739 piezas de joyería valuadas en aproximadamente 400 mil pesos. Las autoridades aseguraron el botín y destacaron que uno de los detenidos contaba con antecedentes penales.
Por otro lado, en Puerto Vallarta, Jalisco, un juez vinculó a proceso a siete personas –Edwin N, Francisco N, Elvira N, Karina N, Luis N, Ivette N y Betzy N– por el delito de portación de armas. La medida legal obliga a las autoridades a continuar con la investigación correspondiente para determinar su posible participación en otros ilícitos.
La absolución en el caso Flores Soberanes reactiva el debate sobre la capacidad de las fiscalías estatales para investigar crímenes de alto impacto social y político, particularmente aquellos que involucran a defensores de derechos humanos y ambientales. Organizaciones civiles han señalado que la impunidad en este caso envía un mensaje preocupante sobre el estado de derecho en México.
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